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Introducción
Durante los años setenta, se vivió un fuerte periodo de inestabilidad política en Argentina donde dicha práctica –la cual en sus bases sirve para la búsqueda de consenso y organización de partes involucradas– se vio ensuciada por múltiples violaciones a los derechos humanos, ausencia de estado de derecho, censura y represión. Sin embargo en este lapso de tiempo el cual también se puede extender hasta el último año de mandato del gobierno de facto, se han creado varios mitos construidos por quienes utilizan el poder coercitivo del Estado para imponer una agenda educativa que es vía libre para contar un relato que pocas veces corresponde a una realidad o que oculta hechos históricos fundamentales, muchas veces funcionales a un sector político especifico o a una ideología. Exponer el otro lado de la historia es visto actualmente como un acto de reivindicación hacia figuras políticas repudiadas a gran escala, la deconstrucción de mitos los cuales se repiten con cierta periodicidad en fechas como el 24 de marzo (Día de la Memoria, Verdad y Justicia) suele ser asociado a cierta simpatía con el fascismo de parte de quien refuta ciertas afirmaciones históricas, sin embargo, como ya se menciono anteriormente, se trata de contar un lado oculto de la historia, que los medios de comunicación hegemónicos, el establishment y lo políticamente correcto intentaron suprimir a lo largo de los años.
Es esto lo que le da nombre al informe ‘’Mitos de los 70’’, como una contribución a finalizar con la memoria poco memoriosa, la cual sigue teniendo como principal víctima a aquellos que perecieron en manos de entidades de las cuales muy poco se sabe, muchas veces, por conveniencia política.
¿Por qué es políticamente incorrecto y condenado socialmente decir todo esto?
La cuestión tras el polémico debate sobre si la Junta Militar cometió delitos de lesa humanidad o no.
Para comenzar a hablar sobre ‘’delito de lesa humanidad’’, se debería buscar su definición. La misma queda plasmada en el Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual cita:
Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
Luego se aprecia que el Estatuto de Roma define a la población civil como poblaciones desarmadas y ajenas a un conflicto bélico o políticos, es decir, gente común. Todos los delitos anterior nombrados que son calificados como ‘’de lesa humanidad’’ según la Corte Penal Internacional son adjudicados a la Junta Militar y sirve como argumentación para afirmar que si se perpetraron ese tipo de violaciones a los derechos humanos, sin embargo esto es falso. Como ya se menciono, el artículo 7 habla de un ataque generalizado y sistemático a población inocente como delito de lesa humanidad, pero no es lo que ocurrió durante el periodo 1976-1983. La Junta Militar no persiguió objetivos civiles, ni gente común y corriente, no abogo por masacrar a la población, por lo tanto en base a esta definición internacional, no se cometieron delitos de lesa humanidad durante el gobierno militar. Esto suena aberrante ante los ojos de muchos, pero la Junta Militar en realidad persiguió población combativa, armada y ejércitos irregulares, no población civil.
Esto puede probarse con facilidad, desde finales de los años 60, alimentados por la crisis sociopolítica y económica que significo el Cordobazo en el año 1969 nacieron múltiples organizaciones terroristas entre las más conocidas Montoneros y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). La primera tenía una ideología un poco difusa, pero la mayoría de sus milicianos eran adeptos al peronismo de izquierda, pidiendo por la vuelta de Juan Domingo Perón el cual se encontraba exiliado en Europa y creyendo que se podría establecer una revolución socialista con él en el poder, lo cual luego de la vuelta del general en 1973, quedo más que desmentido debido a una estrategia política que se asemejaba mas incluso a un pensamiento fascista y reaccionario debido a las influencias que había recibido de Benito Mussolini y Francisco Franco, incluso llegando a expulsar a Montoneros y la izquierda en uno de sus discursos. El ERP era adepto a la izquierda socialista, aunque había ramificaciones de trotskistas y marxistas leninistas ortodoxos que apoyaban al genocida Iosif Stalin. Estas dos organizaciones más conocidas tenían una diferencia: Montoneros actuaba muchas veces en zonas urbanas y el ERP elegía la guerrilla rural inspirándose en la Revolución Cubana, de hecho fueron financiados y entrenados por el régimen asesino de Fidel Castro en Cuba y Salvador Allende en Chile. No obstante, ¿Cómo se prueba que la Junta persiguió a guerrilleros y no a civiles?
El primer paso para responder a esto es el contexto de Guerra Civil y derramamiento de sangre inocente que lideraron estas organizaciones, los cuales se hablara sobre su intensidad más adelante, pero se puede resumir que se estima que desde 1969 hasta 1976 se cobraron 17.000 víctimas entre asesinados, secuestrados y heridos en sus atentados (un numero atroz que prueba que su accionar genocida no era menor, sino una guerra interna de gran escala), y que incluso llegaron a controlar militarmente la provincia de Tucumán, masacrando a la población campesina de una de las regiones más pobres del país, ya que la inmensa mayoría de sus víctimas eran civiles, ni militares, ni policías.
Este clima de anarquía y muerte en Argentina llevaron a varios sectores populares a reclamar una intervención militar, esto motivo a Isabel Martínez de Perón –esposa de Perón que asumió luego de su fallecimiento en 1974– a concretar ese deseo popular de paz, este gobierno constitucional y legitimo dio órdenes a las Fuerzas Armadas por medio de los Decretos de Aniquilamiento a reprimir de forma inmediata el terrorismo el cual era ya imparable, este gobierno hizo muchos intentos para frenarlo por sus propios medios, por medio de la creación de la Triple A (Alianza Anti-comunista Argentina), sin lograr frenar la masacre socialista en nuestro país. Por lo tanto, queda probado la existencia de una grave insurgencia y que el ataque fue direccionado no a civiles, sino a terroristas y queda refutado el hecho de que la Junta actuó de forma ilegal, cuando su acción fue pedida por un gobierno constitucional.
Artículos destacados del Decreto de Aniquilamiento, o Decreto N261 del 5 de febrero de 1975:
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA en Acuerdo General de Ministros DECRETA:
ARTICULO 1º.- El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio del Interior pondrá a disposición y bajo control operacional del Comando General del Ejército los efectivos y medios de la Policía Federal que le sean requeridos a través del Ministerio de Defensa, para su empleo en las operaciones a que se hace referencia en el Artículo 1º.
Como se ve, Tucumán era la zona más afectada por el terrorismo, pero la situación se agravo tanto que no tardo en crearse decretos de acción para las Fuerzas Armadas que no solo se especificara en Tucumán, sino que reprimiera los elementos subversivos en todo el país. Esto fue impulsado por un ataque sangriento de la organización Montoneros en Formosa, estos fueron los decretos 2770/75, el 2771/75 y 2772/75, todos bajo un gobierno democrático que evidencia el clima de guerra civil:
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El decreto número 2770 creaba dos Consejos:
El Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el Presidente e integrado por los ministros y los tres jefes militares para dirigir “los esfuerzos para la lucha contra la subversión”.
El Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, era el que más le interesaba a los militares por sus funciones, y le permitía entre otras cosas conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión y planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales. -
El decreto 2771 disponía que el Ministerio del Interior firmara convenios con los gobernadores para que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo control del Consejo de Defensa.
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El decreto 2772 le ordenaba a las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.
Pero no solo eso, el propio Juan Domingo Perón ratifico un decreto en abril de 1974 en donde habla sobre la existencia de un conflicto a gran escala y en eliminar las acciones subversivas:
‘’El Estado argentino enfrenta la subversión armada de grupos radicalizados que buscan la toma del poder para modificar el sistema de vida democrático pluripartidista’’
Ese mismo año, comunica la aprobación para los Conflictos Graves Nro. 1 denominado ‘Topo’ y el 2 ‘’Yacaré’’ que ponían en evidencia la necesidad de que el estado deba accionar contra el terrorismo en el país que no habían cedido luego del fin del gobierno de facto de Agustín Lanusse. El decreto secreto nº 1.302, que el actual gobierno ha decidido desclasificar, llevaba la firma de Perón y de su ministro de Defensa, Ángel Federico Robledo, e iba destinado a los ministros del Gabinete nacional, al Secretario de Informaciones de Estado, a los Comandantes Generales, al Subsecretario de Planeamiento para la Defensa y al Jefe de Estado Mayor Conjunto.
Queda más que desmentido que la guerrilla no eran jóvenes idealistas que luchaban contra un gobierno militar, también masacraban en plena democracia e incluso con Perón en el poder.
Otra cuestión interesante es que la estimación de 30.000 desaparecidos durante la Junta Militar también parece ser falsa. Esta cifra proviene de la Secretaria de Derechos Humanos y fue elaborada por Eduardo Luis Duhalde, con una metodología estadística muy cuestionable: Se basa en el número de centros clandestinos de detención en el país –estimado 500– y una estimación de prisioneros que allí habían cuyo procedimiento de investigación no fue esclarecido. También se guía por los propios dichos de la Junta, lo cual carece de sentido debido a que en un discurso, Jorge Rafael Videla dice que fueron 40.000 pero a su vez hay documentos desclasificados donde la misma Junta arroja 22.000, sigue siendo una palabra no respaldada que es tomada como fuente. Sin embargo, hay organismos internacionales e incluso nacionales que sostienen una cantidad que coincide bastante entre si y no se va a un numero exorbitante, los mismos fueron verificados como fiables por CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) dependiente del Poder Ejecutivo Nacional en democracia que investigaba de forma exhaustiva casos de desaparición, que llega a una cifra tras meses de investigación de 8.961 casos, que corresponde mejor a con los reportados por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (5.580), Amnistía Internacional que los reducía a 4.000 e incluso un último informe elaborado en 2006 de índole gubernamental, que da una aproximación de 7.000, lo cual refuta el hecho de que las cifras más viejas son poco fiables porque el régimen había caído hace poco, debido a que investigaciones recientes siguen arrojando números similares. Para sumar a la prueba de que el ataque fue hacia población combatiente, el número de desaparecidos de estos organismos coinciden bastante con las bajas de las organizaciones guerrilleras.
Como ultima evidencia que muestra el hecho de que no se persiguió a población civil y el fue dirigido a ejércitos irregulares es el Juicio a las Juntas en 1985, el gobierno de Alfonsín elaboro un decreto sumario Decreto N.º 158/83 para someter a juicio a nueve militares. La propia justicia abala el hecho de que no se cometieron delitos de lesa humanidad, ni victimas mayoritariamente inocentes. En el marco constitucional y jurídico en la Corte Suprema de Justicia argentina, el tribunal AD DOC logra un fallo judicial en el derecho argentino que declara la existencia de asesinatos y desapariciones de grupos armados bajo un contexto de ‘’guerra interna y revolucionaria’’, y cuando existe un conflicto bélico, se deben aplicar acciones propias del mismo que siguen sin corresponder a delitos de lesa humanidad. La sentencia fue clara: ningún militar fue condenado por vulnerar derechos humanos de la población civil. En la sentencia de la causa 13/84 cita:
‘’En suma puede afirmarse que los comandantes establecieron secretamente, un modo criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Judicial), la libertad o, simplemente, la eliminación física.’’
Se reconoce la lucha contra la subversión y privación de la libertad a individuos vinculados. Los accionares fueron criminales y fueron catalogados como excesos de militar, los cuales no son justificables y deben ser repudiados, pero queda finalmente refutado que se tratase de asesinatos hacia población civil. Respecto a las cifras de desaparecidos, es abstracto reducir hechos criminales a números, pero quienes han divulgado una cifra sin sustento científico y estadístico lo han hecho para construir una consigna política viable durante el kirchnerismo, principal reivindicador de organizaciones guerrilleras como Montoneros.
Gil Lavedra, integrante del tribunal del Juicio a las Juntas de 1985 concluyo en su sentencia:
‘’El fenómeno correspondió con el concepto de guerra revolucionaria (…) no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra’’
‘’Debemos admitir que en nuestro país si hubo una guerra interna iniciada por las instituciones del propio estado’’
No obstante, los artículos más polémicos de la sentencia fueron estos:
Que “… En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de ‘guerra revolucionaria’”.
Que “… algunos de los hechos de esa guerra habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar …”
Eran hasta los mismos participes del terrorismo quienes afirmaban la existencia de una Guerra Civil:
En el V Congreso del PRT-ERP por ejemplo, en 1970, se concluía que “en el proceso de guerra revolucionaria iniciado en nuestro país, nuestro partido ha comenzado a combatir con el objeto de desorganizar a las Fuerzas Armadas del régimen”. En el número de abril de 1971 de la revista Estrella Roja, del ERP, se leía: “El Ejército Revolucionario del Pueblo está combatiendo en forma organizada, asumiendo la responsabilidad militar en el proceso de guerra revolucionaria que ha comenzado a vivir nuestro pueblo”. En febrero de 1975, desde la revista El Combatiente, de la misma organización, el líder erpiano Santucho llamaba a la “generalización de una guerra civil (…) extendiendo la guerra a todo el país”.
Montoneros, por su parte sostenía:
En carta a Perón tras el asesinato de Aramburu, anotaban: “El único camino posible para que el pueblo tome el poder para instaurar el socialismo nacional es la guerra revolucionaria total”. Desde su revista Militancia, en el primer número de 1973, afirmaban: “Nuestra estrategia sigue siendo la guerra integral”. En su otra revista, Evita Montonera, número correspondiente a septiembre de 1975, decían: “Esta guerra, como toda guerra, se rige por un principio básico y elemental: proteger las propias fuerzas y eliminar las del enemigo”. Los reportajes de la revista española Cambio 16 al Jefe del Ejército Montonero, Horacio Mendizabal, son llamativos: en 1977 esgrimía que “se realizaron más de 600 operaciones militares”; a mediados de 1978 declaraba que “la Junta Militar no ha ganado la guerra. Ha comenzado a perderla”, contaba que su “ejército” contaba por entonces con “4.000 granadas de mano, 1.500 granadas de fusil, elaboró 1.500 kilogramos de explosivos de potencia media y 850 de plástico C-2 de gran potencia. Además inventó un modelo de fusil lanzagranadas del que fabricó 250 ejemplares y posee, asimismo, un considerable arsenal de armas ligeras”. Finalmente concluía que “en sus próximas etapas de lucha y ya ahora, nuestro Ejército tiende a ir abandonando el uso de explosivos y a extender un tipo de guerra de infantería con armas ligeras, fusiles lanzagranadas y bazookas”
Las graves violaciones al sistema judicial durante el kirchnerismo relacionado a la Junta Militar
Luego de que en 1985 la Corte Suprema de Raúl Alfonsín condenara a la Junta por excesos en el accionar de lucha contra elementos subversivos, la problemática parecía haber sido resuelta, donde incluso existieron varios indultos y leyes de pacificación de los militares aprobadas durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y Fernando De La Rúa. Sin embargo, cuando asumió Néstor Kirchner en el año 2003, se dio nulidad a estos indultos criticando a la Corte Suprema como entidad pero no en su metodología utilizada. De esta forma comenzaron los juicios hacia los militares con marcos constitucionales difusos que contradecían lo estipulado por la sentencia previa, argumentando que los procedimientos eran falsos, sin exponer un respaldo a esta afirmación ni poner en tela de juicio los procedimientos jurídicos. Otra cuestión que expone la falsificación y la violación a un sistema jurídico democrático es que para ese entonces el kircherismo tomo un carácter totalitario en ámbito jurídico echando sin justificación a a 4 jueces de los 7 que habían actuado en la Corte Suprema de 1985.
Los jueces sufrieron presiones, denunciaron agresiones, extorsión y con miedo de que el poder legislativo se les eche encima debieron renunciar. Este es el marco ‘’democrático y regular’’ donde se dieron los juicios. Comenzaron a argumentar que todo lo nombrado anteriormente era nulo, es decir, lo que dictó la Corte Suprema, las leyes de pacificación, etcétera. No había argumento jurídico serio, la Corte Suprema solo puede declarar nula una ley por mal procedimiento, sin embargo no fue el caso, fue por no coincidir con lo ratificado y eso es ilegal. Además de muchas torpezas como que la Corte Suprema anularía una ley que la misma aprobó hace un par de años.
Pero eso no es lo peor, lo que pone en evidencia que esos juicios fueron ilegales y correspondieron a una implicancia política e ideológica de un gobierno que reivindicaba la guerrilla del 70. Lo peor es el procedimiento judicial de los juicios y en que se basaban para decir que todo lo anterior era falso. Primero se determinó que eran delitos de lesa humanidad (ignorando el fallo de la corte suprema y el artículo séptimo del Estatuto de Roma que ya repeti, donde no fue un ataque a civiles direccionado), basados en un elemento fundamental: argumentando que Argentina había incorporado tratados internacionales de DDHH que si contemplaban la cuestión de la guerra. Esto es ignorancia en el plano jurídico. Por qué? Porque gran parte de esos tratados fueron incorporados al derecho argentino con la reforma constitucional de 1994 y algunos incluso después, y en derecho no se puede aplicar una ley para juzgar hechos anteriores. Básicamente cualquier ley tiene vigencia en el momento que se incorpora. Esto es una irregularidad grave. Es ilegal retroceder con una ley y anular fallos pasados sin argumento.
La grave intensidad de la guerra interna de Montoneros y ERP, silenciada por la izquierda.
La izquierda argentina ha silenciado a lo largo de los años a las víctimas del terrorismo de los años 70, incluso llegando a reivindicar su accionar catalogándolo como un ‘’modo de lucha contra la opresión’’. En las escuelas –ya sea de gestión estatal o privada– siguen insistiendo con la memoria poco memoriosa al no tener en cuenta a aquellos que perecieron en las manos de la izquierda socialista o dando información muy superficial de un tema ignorado por el establishment, probablemente porque sus ideas basadas o figuras políticas predilectas como el Che Guevara coinciden con su misma ideología política.
Cuando la izquierda comete un delito se lo llama revolución.
Primero los datos: Según el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, hubieron 17.830 víctimas de las guerrillas durante los 60 y los 70, de las cuales 1541 fueron asesinadas y en su inmensa mayoría, fueron civiles desarmados. Se estima que se cometieron 21.700 atentados de los cuales 5042 fueron con explosivos. La mayoría de los civiles eran individuos corrientes o empresarios a los cuales se los secuestraba de forma extorsiva para conseguir dinero para armamento, otros fueron campesinos de las provincias más empobrecidas del país, las cuales el ERP llego a tomar control militar en sus fronteras y por ultimo simples transeúntes (incluyendo niños, ancianos, mujeres embarazadas) que coincidían en una zona donde se cometieron atentados. Celtyv, una Asociación Civil que pide justicia por las víctimas de la guerrilla socialista que denuncia la impunidad debido a que los genocidas siguen sueltos, ha aportado datos sobre casos de muertes civiles:
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4 de junio de 1975. Ese día la organización terrorista Montoneros había decidido atentar contra el ingeniero Raúl Amelong, ejecutivo de ACINDAR.
Raúl Amelong estaba casado, era padre de 11 hijos, era un hombre de profundos valores cristianos y conocido por las numerosas obras de caridad en las que donaba parte de sus ingresos para ayudar a quienes menos tenían. En plena democracia, viajando en su auto por Rosario junto con su hija Inés, de 17 años, fueron agredidos salvajemente por una célula terrorista que disparó contra su vehículo, asesinó a Raúl e hirió gravemente a Inés. Solo un milagro salvó la vida de la joven. -
Gregorio Manoukian tenía 42 años, estaba casado con Ana, era papá de 5 hijos y esperaba un sexto en camino. El 7 de junio de 1974 sufrió un intento de secuestro. Había salido de su casa en su Torino rumbo a su trabajo, cuando fue interceptado por vehículos con hombres y mujeres jóvenes que lo hirieron mortalmente y lo arrojaron al costado de la Ruta 202. Su esposa que iba en una camioneta más adelante junto con dos de sus hijas, vio por el espejo retrovisor como el Torino conducido por otra persona aminoraba la marcha y arrojaba el cuerpo al asfalto. Ana descendió desesperadamente, pidiendo auxilio, subió a su esposo y lo llevó a una clínica, donde constataron su fallecimiento.
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Miguel Salizotsky (ó Salisewsky según algunas fuentes), de 59 años de edad, se desempeñaba como Jefe de Seguridad Industrial del Frigorífico Swift. Fue asesinado el 28 de mayo de 1976, en la esquina de su domicilio en Saladillo, Buenos Aires, por varias personas jóvenes que se desplazaban en un vehículo y que le dispararon con armas automáticas. El ERP, en su órgano de prensa Estrella Roja, se adjudicó el asesinato, indicando que fue efectuado por el Comando Segundo Gómez. En menos de un mes, el terrorismo asesinaría en total a tres altos ejecutivos de Swift: Salizotsky sería el primero, le seguirían Oscar Héctor Fiora (10/6/76) y Osvaldo Raúl Trinidad (21/6/76)
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El ERP era una organización infanticida: los crímenes de niños cometidos por la subversión: el caso más famoso fue el de las hermanas María Cristina y María Fernanda Viola (de 3 y 5 años respectivamente), la primera asesinada a balazos y la segunda acabó un mes internada en estado de coma, con secuelas irreparables. El padre de ambas, el Capitán Humberto Viola, también fue asesinado en el mismo ataque.
Estos casos recibieron poca divulgación, y no existe día conmemorativo para las víctimas de la Memoria Poco Memoriosa.
Las guerrillas Montoneros y ERP comenzaron su accionar entre 1969 y 1970 basándose en la Revolución Cubana mientras Argentina era gobernada por un gobierno militar, Montoneros fue más reconocida y reivindicada en la cultura popular por el asesinato a Pedro Eugenio de Aramburu, presidente de facto durante el Golpe de Estado de 1955 a Perón, por lo que asesinar a este personaje significaba un claro mensaje político peronista de acabar contra todos los antagonistas de esta ideología, y más a un militar, que fue quien usurpo el poder a Perón y causo su exilio durante 18 años. Comenzaron a reclutar personal armado muchos capacitados en Cuba para formarse en el terrorismo e introdujeron a la Argentina a un clima de guerra civil intermitente (como ellos mismos lo dijeron)
Anteriormente habían existido juicios con garantías constitucionales (Cámaras Federales) de principios de los 70, que con 3 jueces en 9 salas detuvieron a 2000 guerrilleros con un marco jurídico y constitucional, con fiscales, abogados, etcétera. Fueron creadas por el gobierno de facto de Agustín Lanusse en mayo de 1971 mediante la promulgación de la ley 19.053 en un intento para frenar la subversión de los terroristas los cuales fueron liberados por Héctor Campora en 1973 mediante amnistías e indultos derogando la Cámara Federal que había juzgado a las organizaciones y 20 artículos del código penal que fueron sancionados para juzgar delitos de terrorismo. Campora duro muy poco tiempo en el poder, ya que el objetivo del Partido Justicialista era utilizarlo como puente para permitir la vuelta de Perón como exilio, generándose disputas entre la guerrilla izquierdista y el peronismo más ortodoxo. Luego de desequilibrios políticos, Perón asume como mano derecha a José López Rega en un clima donde su presidencia no podía manejar la situación de Guerra Civil, creando una organización paramilitar Triple A, que se le adjudica la muerte de 480 homicidios.
La guerrilla asesina actuó en una de las peores masacres en la historia argentina: la masacre de Ezeiza la cual dejó un saldo de 400 muertos. El derramamiento de sangre seguía, daba igual si se daba en un gobierno militar o uno legítimo, de hecho según estadísticas del Centro de Estudios Legales por el Terrorismo, el 52% de los ataques de las organizaciones terroristas fueron realizados en democracia, por lo que es falso de que ‘’luchaban contra un gobierno ilegitimo’’. Luego de 1969, comenzaron a armar las guerrillas y a capacitarse a fines de los 60 financiados por el régimen cubano. Otra de tus matanzas más reconocidas fue al dirigente sindical José Ignacio Rucci, mano derecha de Juan Domingo Perón, y al ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu.
La guerilla crecía, las muertes se duplicaban y en 1974 el ERP toma la provincia de Tucumán, con la intención de convertirla en un bastión socialista y separarla del estado argentino, saqueando campesinos y poblaciones rurales enteras, llevando a Isabel Perón a establecer los decretos de aniquilamiento anterior nombrados. Todas las semanas había un policía muerto, civiles, niños y secuestros a empresarios para financiar la guerrilla y sus armas, además de explosiones de fragatas, aviones y helicópteros.
De hecho basándome en el Estatuto de Roma, en el artículo 7, quienes cometieron delitos de lesa humanidad fueron las organizaciones guerrilleras, debido a que fue un ataque sistemático y generalizado hacia la población civil. Además aclara por ejemplo que en el caso de desaparición forzada, si el estado no fue el que perpetro este delito y fue una organización externa, sigue considerándose delito de lesa humanidad:
Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
La verdad oculta tras ‘’La Noche de los Lápices’’
Probablemente este sea uno de los mitos más divulgados de los 70. A los individuos se les enseña a temprana edad que La Noche de Los Lápices fue un acontecimiento sucedido en septiembre de 1976 donde un grupo de estudiantes desarmados se manifestaron exigiendo un Boleto Estudiantil, siendo posteriormente secuestrados, torturados y asesinados durante el gobierno militar de Jorge Rafael Videla, aquellos adolescentes tenían una edad de entre 16 a 18 años. Este acontecimiento tiene bases fuertes en la cultura popular y es recordado como un acto de represión inaceptable para aquellos que alzan a viva voz el lema ‘’nunca más’’, incluso se realizo una película en 1985 sobre la temática. Sin embargo, los hechos históricos indican que aquellos jóvenes que son vistos por el film y mostrados en las escuelas como adolescentes soñadores, idealistas e inocentes en realidad pertenecían a organizaciones terroristas y habían participado en atentados hacia la población civil y la propiedad pública, donde incluso los ‘’jóvenes estudiantes’’ habían participado de algunos ataques donde hubieron heridos y fallecidos.
El primero de ellos es Pablo Diaz, que es mostrado en la película como un líder que buscaba de todas formas sacar a sus amistades de un centro clandestino y luchar por los derechos humanos, en un acto de endulzar a este individuo. En realidad, Pablo Díaz si había sido un líder, pero no de una camada de estudiantes inocentes, era líder del ERP, específicamente de su ramificación ‘’Juventud Guevarista’’, participo de la organización guerrillera más sanguinaria del país sin pudor de asesinar niños o personas en condición de vulnerabilidad, que fue detenido no por el Boleto Estudiantil (que mencionare más tarde) sino por su accionar como miliciano existiendo varios documentos que prueban su liderazgo en la guerrilla, muchos de ellos realizados por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Cuando Pablo fue liberado, lejos de rehabilitarse, se adhirió a la organización terrorista MTP (Movimiento Todos Por la Patria) que era una continuidad del ya extinto ERP, participando del brutal atentado en La Tablada durante el gobierno de Alfonsín, asesinando y mutilando soldados.
Otro personaje endulzado es Claudia Falcone, y mas allá de los archivos de investigación en su contra, es su propio hermano, Jorge Falcone ex guerrillero de Montoneros quien la expuso, diciendo que su hermana no era una joven inocente y que poseía formación militar, siendo detenida por su participación en Montoneros y por poseer documentos y pasaportes falsos. Cuando desaparecen a Claudia, le encuentran en su departamento un arsenal, armas y granadas envueltas en una bolsa de plástico. Se documenta que ella participo del atentado contra la Fragata Santísima Trinidad el 22 de septiembre de 1975, el único que se le conoce aun.
Claudia y María Clara, otro personaje, en la vida real venían de la UES que servía como el brazo estudiantil de Montoneros, esta organización estaba dividida en un grupo estudiantil y en tropas auxiliares del Ejercito Montonero, los cuales se escondían en facultades y colegios, recolectaban inteligencia, datos de objetivos para asesinar, horarios, escondían armas, etcétera. Una amiga cercana a ella, Ana María González de 17 años, asesino al dirigente sindical Rogelio Coria y al general de la Policía Federal Cesareo Cardozo.
Quien termina de refutar la falacia de la Noche de Los Lápices es otra terrorista: Emilce Moler, quien dice que no luchaban por el Boleto Estudiantil, y que su detención no fue por ello, sino por su proyecto político-subversivo en la guerrilla genocida, afirmando que la cuestión del boleto solo fue un recurso que utilizaron para reivindicar la militancia terrorista. De hecho, lo anterior nombrado es tan falso que posee graves inconsistencias cronológicas. Documentos señalan que las verdaderas manifestaciones por el Boleto Estudiantil fueron en 1975 durante el gobierno de Isabel Perón y que el reclamo ya había sido solucionado ya que en septiembre de 1975 el gobierno reglamento el BES (boleto estudiantil secundario), cuando fue la manifestación de la Noche de los Lápices, el proyecto ya había sido aprobado y es extraño considerar que la Junta arresto a estudiantes dando con absolutamente todos los nombres tras un lapso de un año.
Lo que ocultan aquellos que hablan de apropiación de menores.
La ‘’apropiación masiva de niños’’ es uno de los eslóganes que motorizan la campaña de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que carece de sustento empírico. Para empezar, en 1984 la CONADEP –organismo de investigación de desaparición de personas que sirvió para recopilar información para el Juicio a las Juntas durante el gobierno de Alfonsín– recibía denuncias transferidas a juzgados federales durante largos meses de investigación. El proyecto en cuestión fue elaborado por el Foro de la Verdad Histórica formando tanto por militares como por civiles que logro dar con una especificación de nombre, modo, tiempo y lugar la entrega de 227 menores a familias habiendo comprobado que solo 12 de ellos correspondían a militares, en archivos desclasificados se encontró que en el juicio, ninguna autoridad jurídica competente a cargo de esos 12 casos sentencio un plan sistemático de apropiación de identidad y que los corresponsables habían sido condenados previamente.
El relato de Madres y Abuelas es contradictorio: en 1996 denunciaron 500 casos de vulneración de identidad, pero al carecer de evidencia solida, ellas mismas lo redujeron a 240. En la justicia, estas personas denunciaron solo 194, luego reducidos a 34.
¿Quiénes eran realmente los sacerdotes tercermundistas a los cuales se los llama ‘’víctimas inocentes de la dictadura?’’
Se le adjudica al golpe militar de haber asesinado de forma indiscriminada y por motivos políticos e ideológicos a sacerdotes villeros, entre ellos a Carlos Mugica, sin embargo la tesis de que el mismo haya sido asesinado por la propia organización terrorista Montoneros por motivos que se desconocen debido a que su movimiento mantenía vinculo con la guerrilla está tomando fuerza de la mano de aquellos que se atreven a contar el otro lado de la historia. El sacerdote en sus últimos días se encontraba consternado: “si en este momento recibo una bala, no sé si viene de algún grupo de derecha o de izquierda”, fueron sus palabras luego de haber sido escrachado en la sección ‘’Cárcel del Pueblo’’ de la revista Miliciana –periodismo montonero– que era un espacio para ensuciar la imagen de sus futuras víctimas, como dato curioso, Rucci, mano derecha de Perón había sido expuesto en una edición de la revista días antes de su asesinato de la mano de dicha organización. El dirigente peronista Antonio Cafiero reportaría años después un pedazo de conversación con Mugica, jurando que el advirtió: “A mí me van a matar los Montoneros” dos días antes de su asesinato. Quien salía publicado en Miliciana sabia su destino: ser acribillado.
Pero…¿Quiénes eran estos sacerdotes?
Correspondían a un movimiento que se intentaba diferenciar de los valores conservadores y ortodoxos de la cúpula de la Iglesia católica, argumentando que había cierta falta de humanidad y hermandad hacia los pobres, la militancia de estos sacerdotes se convirtió en una doctrina ideológica que fue enseñada como verdad absoluta a sectores muy vulnerables de la sociedad como lo son las villas miserias y jóvenes con poca formación fáciles de entusiasmar con ideas revolucionarias y violentas. Por que se dice todo esto? Porque los sacerdotes no se empeñaban en ocultar su carácter marxista-leninista, y su visión de que la justicia social, la pobreza y la explotación acabarían de la mano con la violencia política. En el ‘’Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo’’ –una especie de homenaje al Manifiesto Comunista de Karl Marx– se lee esto:
“Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero ‘socialismo’ es el cristianismo integralmente vivido, en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental de todos. Muy lejos de mostrarnos hostiles sepamos adherir a él con alegría, como a una forma de vida social mejor adaptada a nuestro tiempo y más conforme con el espíritu del Evangelio”.:
El problema no es la contradicción a que un grupo de sacerdotes o religiosos crea en la utopía marxista donde el mismo Marx decía que la religión era ‘’el opio de los pueblos’’, una especie de distracción inalcanzable que utilizaba un señor burgués para alienar al proletariado para que comience a soñar con un paraíso divino después de la muerte y rendirle culto a una imagen sagrada y no se centre en iniciar una revolución socialista para abolir la propiedad privada de los medios de producción y el estado capitalista, donde también se mencionaba al materialismo dialectico como una forma de razonamiento contraria al idealismo sin sustento como lo que sería la religión, ni hablar de que en los países donde el socialismo se puso en práctica no existía libertad de culto, la misma era aplastada por un estado ateo, que promovía el ateísmo lo cual no es lo mismo a un estado laicista, donde se persiguieron y asesinaron a creyentes, monjas y sacerdotes como en la Unión Soviética al ligarlos al zarismo, la cuestión radica en que los tercermundistas defendían también a las organizaciones terroristas argentinas:
En Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en 1968 en Medellín, Colombia, afirmaron:
Que en la consideración del problema de la violencia en América Latina se evite por todos los medios equiparar o confundir la violencia injusta de los opresores que sostiene este ‘nefasto sistema’ con la justa violencia de los oprimidos, que se ven obligados a recurrir a ella para lograr su liberación”
Pero los clérigos no solo justificaban moralmente la guerrilla, también formaban a los guerrilleros ideológicamente, el ensayista Lucas Lanusse afirmo: “casi todos los jóvenes que durante 1970 confluyeron en la organización Montoneros, provenían del campo reformador de la Iglesia Católica”, y es el ex guerrillero Luis Labraña confirmo esta afirmación: “los curas tercermundistas estaban directamente vinculados a la guerrilla… adoctrinaron ideológicamente a muchos pibes que luego fueron montoneros”La influencia y el adoctrinamiento fue tal que incluso los jerarcas de las organizaciones como Fernando Abal Medina, Gustavo Ramus y Mario Firmenich comenzarían su militancia adoptando los principios y las enseñanzas de Mugica, siendo este movimiento supuestamente inocente cómplice y encubridor de información confidencial sobre ejércitos irregulares que vulneraron los derechos humanos de 17.000 argentinos además de brindarle cobijo y resguardo. Según el propio Firmenich, el sacerdote ‘’fue el primero en proclamar que la única solución estaba en la metralleta’’, aunque en 1973, cuando regreso la democracia, intento desvincularse del terrorismo, lo cual es una teoría de porque Montoneros pudo arrebatarle la vida.
La ex montonera Adriana Robles da un ejemplo concreto al contar que los curas les enseñaban canciones que presentaban un contenido cargado de resentimiento y odio como el siguiente: “Cuándo querrá Dios del cielo, que la tortilla se vuelva que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda”, para entender la magnitud de la peligrosa formación que les inculcaban.
Lamentablemente, el apoyo trascendía lo moral y lo ideológico, y llegaba al plano militar y explicito en la violación de derechos de los civiles. El Movimiento Sacerdotes por el Tercer Mundo llego a aportar a un clérigo que funciono como combatiente en Montoneros, llamado Elvio Alberione. Entre otros atentados donde su participación se encuentra documentada, el personaje el 17 de octubre de 1968 participó de la colocación de explosivos en el Consejo de Guerra Permanente, el Departamento Central de Policía y la Agencia del diario La Prensa en conjunto con la organización terrorista Lealtad y Lucha (luego conocida como Peronismo de Base), el 26 de diciembre de 1969 colaborará en el robo al Banco de Córdoba de la localidad de La Calera. En el hecho, además de robarse numerosos autos, el aludido personaje y los suyos asaltaron un Banco donde sustrajeron la suma de $10.000, destruyeron infraestructura cortando los cableados telefónicos y asaltaron la comisaría de la ciudad.
Los sacerdotes justificarían esta acción en una carta pública donde endulzaban a los atacantes:
“elementos sanos y limpios de una juventud revolucionaria que se impacienta y busca la transformación de la sociedad”
Conclusión:
Todos estos hechos históricos documentados de forma rigurosa fueron ocultados por la izquierda al considerarlo una amenaza latente contra el relato popular que han construido sobre la Junta Militar, politizando y formando ideológicamente a los jóvenes argentinos con falsas premisas sobre una lucha de jóvenes idealistas vs. Genocidas, por pura conveniencia política y expansión de las ideas socialistas. En un contexto histórico, podríamos hablar que los mitos y falacias de los años setenta fueron vitales para la instauración del socialismo del siglo 21, esta corriente surgiría en América Latina en los años 2000, y debió transformar sus bases violentas que poseía el marxismo-leninismo genocida del siglo 20 para construir una visión reformista donde un socialismo democrático es posible, hablar de delitos de lesa humanidad fue el recurso más eficaz que encontró la izquierda para posicionar a su nuevo enemigo político y legitimizar su nuevo invento del milenio. Este espectro ideológico vive de la división y del conflicto escondiéndose en buenismos y sentimentalismos progresistas llamados ‘’derechos humanos’’ con el fin de no solo ocultar hechos históricos, también de reivindicar las acciones de organizaciones terroristas en nombre de una revolución colectiva que desencadena en una nación que aplica las ideas del marxismo y el materialismo dialectico, que cree en la masacre como via para llegar a la libertad y a la felicidad plena a costa de la sangre de sus opresores.
No existe justicia para los inocentes asesinados por los grupos armados, sus historias, su sangre es invalida, y su reconocimiento como delito de lesa humanidad denegado ya que según los adeptos a lo políticamente correcto ‘’se utilizan a estas personas para justificar los crímenes de la dictadura militar’’ Mientras no exista justicia para los asesinados, secuestrados, mutilados y sus familias, no podemos hablar de Memoria, Verdad y Justicia.
‘’En una sociedad donde está prohibido decir la verdad, ser perseguido por los liberticidas tiene que ser un motivo de orgullo y de honor. Es por eso que yo lo tomo como un trofeo’’
-Agustín Laje, escritor y politólogo.
Bibliografía:
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://www.desaparecidos.org/arg/doc/secretos/aniq75.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Causa_13_Sentencia.pdf
http://jorgenegre.com.ar/web/index.php/2016/02/19/creacion-de-la-camara-federal-penal/
Citado en López, Norberto Aurelio. Con sus propias palabras. La otra parte de la historia reciente que se oculta. Buenos Aires, Edición del autor, 2005, p. 38.
Lanusse, Lucas. Montoneros. El mito de sus 12 fundadores. Buenos Aires, Vergara, 2005, p. 68.
Robles, Adriana. Perejiles. Los otros Montoneros. Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2005, p. 26.
Cristianismo y revolución. Nº 1, septiembre de 1966
Lanusse, Lucas. Cristo revolucionario. La iglesia militante. Cit., p. 51
Montoneros. Soldados de Menem. ¿Soldados de Duhalde?. Por Viviana Gorbatto. Ed. Sudamericana. 1999. Pág. 96, 97, 98.
LOS ULTIMOS GUEVARISTAS LA GUERRILLA MARXISTA EN LA ARGENTINA. Autor: Saritucho Julio.
‘’Una malversación histórica 1959-1983’’ de Oscar J. Calandra.
‘’Los mitos setentistas: mentiras fundamentales sobre la década del 70’’ de Agustín Laje Arrigoni.
‘’La mentira oficial: el setentismo como política de Estado’’ de Nicolás Márquez
‘’El Vietnam argentino: la guerrilla marxista en Tucumán’’ de Nicolás Márquez
‘’La Otra Parte de la Verdad’’ de Nicolás Márquez
Políticamente incorrecto. 